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La medida, ordenada por el juez federal Norberto Oyarbide, recae sobre el ex ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender; su hermano Pablo Schoklender; Alejandra Bonaifini; y la ex mujer del apoderado, Viviana Sala.
Se los investiga por presuntos ilícitos con el manejo de fondos públicos para la construcción de viviendas sociales.
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El ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, fue citado a indagatoria para el proximo 15 de mayo, en la causa por presuntos ilícitos con el manejo de fondos públicos para la construcción de viviendas sociales.
La medida, ordenada por el juez federal Norberto Oyarbide, también fue dirigida a otros imputados, entre ellos Pablo Schoklender, Alejandra Bonafini y la ex mujer del apoderado Viviana Sala.
Así lo confirmaron fuentes judiciales, las que precisaron que las indagatorias, que continuarán hasta el 12 de junio, alcanzan a un total de veinte personas de las más de sesenta que habían sido pedidas por el fiscal federal Jorge Di Lello en diciembre pasado.
También fueron citados el contador sindicado como mano derecha de Schoklender Alejandro Gotkin; el ex ministro porteño Enrique Rodríguez; la ex esposa de Sergio, Viviana Sala; el empresario Daniel Laurenti; y Gustavo Serventich, socio minoritario de Meldorek.
El listado se completa con Patricia Alonso (secretaria de Sergio), Leonardo Hubscher, Mauro Colina García, Hebe Coria, Alberto Marcelo García, Mariana Tercero, Daiana Troncoso, Gustavo Martínez, Walter Cavagliato, Daniel Gillert, Manuel Camet (mano derecha de Pablo) y Hugo Omar Gallardo (un abogado que llegó de la mano de Pablo y terminó como apoderado durante algunos días).
El caso tiene casi un año desde que fue llevado a tribunales a partir de una pelea entre los hermanos Schoklender.
El juez investiga si fondos aportados por el Estado para el programa Sueños Compartidos fueron desviados por Schoklender a través de las empresas Meldorek SA y Antártica Argentina para la compra de bienes y la realización de emprendimientos privados.
El 27 de diciembre pasado, Di Lello pidió la indagatoria de los hermanos Schoklender, de Alejandra Bonafini, y de otras más de 60 personas, al dar por probado el manejo irregular de fondos públicos destinados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales.
Mediante un dictamen de 190 carillas que presentó ante el juez federal Oyarbide, el fiscal pidió que cite a todos ellos por los delitos de administración fraudulenta, asociación ilícita y lavado de dinero, entre otros y remarcó que los Schoklender forrmaban una organización compleja destinada a cometer delitos.
El fiscal imputó a Alejandra Bonafini pero dijo que a la dirigente de derechos humanos le cabe una responsabilidad civil y no penal: según el fiscal, contribuyó "a despojar de fondos públicos a la fundación" y está sospechada por la venta a la empresa Meldorek SA de "la Unidad Funcional 15 ubicada en el pisos 4° y 5° de la calle 44, número 1324, en La Plata, y por la suma de 25.000 dólares, que no sería el precio real de mercado
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